El Centro Juan XXIII solicita al Congreso Dominicano la modificación inmediata de Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia por considerarla lesiva al interés nacional.
Reconocemos la necesidad de mejorar los mecanismos de control y articulación de los órganos de inteligencia del estado, a fin de garantizar de forma más efectiva los derechos de la ciudadanía. Por esto, reconocemos le necesidad de crear una nueva institución que agrupe estas instituciones. Sin embargo, la recién aprobada Ley 1-24 crea una concentración del aparato de inteligencia dominicano sin garantías de que no se va a violar los derechos y garantías constitucionales las personas. Al momento de la aprobación de la Ley, el Presidente habló de buscar el consenso de las demás fuerzas políticas y sociales a fin de atender las objeciones levantadas. Sin embargo, a la fecha no se ha presentado un proyecto de modificación en el Congreso Nacional.
El proceso legislativo que dio genesis a la referida Ley 1-24 dejó mucho que desear de nuestros legisladores. No obstante, es preciso entender que la representación política no es el único mecanismo de representación social, particularmente en un medio donde los legisladores dan muestras diarias de una profunda falta de sustancia en su trabajo legislativo. Por ende, el mero cumplimiento del proceso legislativo no es suficiente para que la sociedad acepte una Ley que procura vulnerar los derechos y las garantías constitucionales.
En este sentido exhortamos vehementemente tanto al Congreso como el Poder Ejecutivo, como líder del partido que tiene mayoría en el Congreso, de actuar con urgencia para así cumplir con su juramento de hacer respetar la Constitución de la República Dominicana. De igual forma, exhortamos al Presidente a que se abstenga en la aplicación de la referida Ley, principalmente en cuanto a los poderes de requerir información ante personas y entidades privadas. Dado el proceso electoral en el que nos encontramos actualmente inmersos, el liderazgo esperado, más que necesario, se hace indispensable
Reiteramos que la existencia de la Ley 1-24 en su actual versión pone en riesgo la seguridad jurídica del pueblo dominicano y todas las conquistas políticas que han sostenido nuestro actual estado de derecho desde el período dictatorial, y por lo tanto debe ser modificada de forma urgente.
POR UNA PATRIA SERVIDA COMO SE MERECE
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