Un análisis de las declaraciones juradas de patrimonio de los miembros del Poder Legislativo revela una preocupante brecha entre las obligaciones legales y su cumplimiento. De acuerdo con la Ley 311-14 los legisladores están obligados a presentar estas declaraciones. Sin embargo, los datos disponibles indican que un porcentaje significativo de senadores y diputados, tanto reelectos como nuevos, no han cumplido con este requisito legal.

Específicamente, el 44% de los senadores y el 40% de los diputados no han presentado su declaración jurada de patrimonio, según los registros públicos. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones.

Es inaceptable que nuestros legisladores, nos impongan leyes que ellos mismos violan, impunemente, con conocimiento de causa y de sus adláteres. Cierto, una cosa es con guitarra y otra con violín; no obstante, se predica con el ejemplo. Es una contradicción evidente que quienes violan las leyes sean los encargados de legislar. Esta situación socava la confianza en las instituciones y debilita el Estado de derecho.

Se hace necesario que la sociedad civil, las instituciones y los organismos correspondientes exijan el estricto cumplimiento de la ley y la aplicación de las sanciones establecidas para quienes la infrinjan. La falta de transparencia en la gestión pública es un obstáculo para el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

POR UNA PATRIA SERVIDA COMO SE MERECE

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